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Las midterm, una prueba de estrés con encuestas en la mano

Halloween se aplaza al 3 de noviembre, según las encuestas, en el partido de Trump

Editorial HDLGP·
Las midterm, una prueba de estrés con encuestas en la mano

Si Trump pierde la Cámara y el Senado: qué sobrevive a base de órdenes ejecutivas, qué le quita el Congreso y quién paga la factura en 2028.

Lo que quiero hacer aquí es un ejercicio de política-ficción. Conviene decirlo desde la primera línea, para que no lo confundan con un pronóstico: vamos a suponer que las encuestas aciertan, y no que aciertan más o menos —que es lo que suelen hacer, cuando lo hacen— sino que aciertan en su extremo más favorable a los demócratas, de modo que el 3 de noviembre el partido de Trump pierde la Cámara de Representantes y pierde también el Senado.

No soy "cocinero" de encuestas ni pretendo serlo (y los que lo son, por otra parte, tampoco se ponen de acuerdo sobre cómo ponderar a un votante probable), pero los números, hoy, nos señalan ese extremo con cierta decencia: una ventaja demócrata de entre ocho y nueve puntos en el voto genérico nacional, una Cámara que Cook Political Report proyecta entre 224 y 234 escaños demócratas —con 218 se gobierna—, y un Senado donde, partiendo de 47 frente a los 53 republicanos, tendría que arrancar cuatro escaños netos pasando por Carolina del Norte, Maine, Ohio, Texas, Alaska e Iowa sin perder Michigan ni Georgia. Es decir, un Senado de 51 o 52 votos, no de 60 y desde luego no de 67, y con esta precisión aritmética, que parece manía de contable, el presidente va a tener que gobernar casi todo lo que sigue.

Antes de seguir, una acotación que me parece honesta: las encuestas estatales de este otoño llevan márgenes de error de tres a cinco puntos, varias carreras se deciden por uno o dos, y en Ohio y en Alaska hay una vieja tendencia a subestimar a los republicanos que más de un analista recuerda con la boca pequeña. Nada de eso se discute aquí; lo dejo dicho y lo ignoro, porque lo que interesa es otra cosa: elijo el extremo para una prueba de estrés, someter la estructura a la carga máxima para ver por dónde cede, sin ningún afán de "pitoniso" o de moldear anhelos. Las preguntas son tres: qué puede hacer un Congreso hostil, qué puede hacer el presidente sin él, y quién se beneficia o no en 2028, cuando Trump no pueda presentarse para un tercer mandato.

Lo primero que llama la atención en las semanas previas a una derrota que los números anuncian con bastante contundencia es la calma, y no hablo de la calma de los candidatos, que están obligados a tenerla por contrato, sino de la de un entorno presidencial que se comporta como alguien que ha leído la letra pequeña y ha comprobado que no le afecta. Pero no es una calma chicha total: The New York Times contó que el yerno del presidente se ha reunido en secreto con Hakeem Jeffries —que presidiría la Cámara si todo sale como dicen las encuestas— para explorar terreno común, y el super PAC del liderazgo republicano ha dejado de financiar a su candidato en Carolina del Norte, para redirigir esos recursos a otros Estados, lo cual es una manera muy elocuente de asumir que hay que minimizar daños. Parece que hay una especie de convencimiento tranquilo de la situación y mi hipótesis, que no he podido comprobar en ningún lado porque estas cosas no se comunican, es una idea muy simple: la autonomía de la Casa Blanca vive en las órdenes ejecutivas y que las órdenes ejecutivas no necesitan a nadie más que al presidente que las firma.

Hay una historia que ilustra esto mejor que cualquier definición, y es la de Obama. Perdió la Cámara en 2010, perdió el Senado en 2014, y ese mismo noviembre anunció, con el aire de quien saca un conejo de un sombrero perfectamente legítimo, una acción ejecutiva sobre inmigración que protegía de la deportación a unos cuatro millones de personas. Un juez federal de Texas la bloqueó en febrero, los tribunales superiores la mantuvieron bloqueada, el Supremo la dejó en un empate a cuatro que equivalía a enterrarla, y en 2017 el gobierno siguiente la derogó con un memorando. Con su plan contra el cambio climático ocurrió algo parecido: suspendido por el Supremo antes de entrar en vigor, sustituido años después. De modo que la lección no es que las órdenes ejecutivas no sirvan —sirvieron, mientras duraron— sino que son derecho escrito en la arena: valen lo que tarde la marea, sea un tribunal, un presupuesto o una elección, en llegar hasta ellas.

Los que miramos desde Europa, y en España conocemos bien a esa criatura que es el decreto-ley, sabemos además que gobernar así produce una sensación de movimiento que a veces se parece mucho a la sensación de gobernar. Lo que hay que averiguar, entonces, es cuánto de lo que Trump quiere hacer en sus dos últimos años cabe en una orden ejecutiva y cuánto exige algo que solo el Congreso concede.

Lo que yo descartaría, por improbable, es un "impeachment" o activar la enmienda 25. Digo improbable con cuidado, porque no soy constitucionalista y los constitucionalistas, que sí lo son, discuten estas cosas con una pasión que sugiere que el texto no es tan claro como parece, pero hay tres vías que se mencionan siempre y que vamos a recorrer deprisa para quitárnoslas de encima.

  • La primera es la sección cuarta de la Enmienda 25, que permite apartar al presidente cuando no puede ejercer sus funciones y que a primera vista parece escrita para este momento, cuando en realidad fue escrita para otro: el del presidente inconsciente en un quirófano. La activan el vicepresidente y la mayoría del gabinete, es decir, J. D. Vance y un grupo de personas a las que Trump ha nombrado una por una; si el presidente protesta por escrito, vuelve a sus funciones, a menos que vicepresidente y gabinete insistan, y entonces el Congreso tiene veintiún días para sostener la destitución con dos tercios de las dos cámaras, cifra que unos demócratas victoriosos tampoco alcanzarían solos.

  • La segunda es una rendija: la enmienda admite que sea "otro órgano" creado por ley el que haga la declaración, cláusula que nadie ha usado jamás y que exigiría aprobar una ley que Trump vetaría, con una constitucionalidad muy discutible a cuestas.

  • La tercera es el impeachment y aquí conviene separar la acusación de la condena: la Cámara acusa por mayoría simple y lo haría si quisiera, pero el Senado condena con dos tercios, unos sesenta y siete votos, y en 2021, con la cámara dividida a partes iguales, hubo cincuenta y siete a favor, siete de ellos republicanos. A un Senado de cincuenta y uno o cincuenta y dos le faltarían quince o dieciséis.

¿Qué pasará entonces? Jeffries ha dicho que no descarta el impeachment, sin comprometerse a nada; la Cámara demócrata prepara una supervisión amplísima que alcanza a la familia del presidente, y los reportajes coinciden en dos cosas: que la presión de su ala izquierda será fuerte y que lo más probable es que se apunte primero a miembros del gabinete. Hay además una trampa estratégica que cualquier demócrata prudente lleva en la cabeza y que se llama J. D. Vance: condenar a Trump entregaría la presidencia a su vicepresidente, que llegaría a 2028 con el barniz de la sucesión legítima. Y hay un precedente que los republicanos recuerdan con poco gusto: en 1998 impulsaron el impeachment de Clinton y en las elecciones de aquel noviembre el partido del presidente ganó cinco escaños en la Cámara, algo que no ocurría en unas elecciones de mitad de mandato desde 1934. No digo que vaya a repetirse; digo que los que deciden lo saben.

Descartadas las vías directas quedan las otras, las que no salen en los titulares y son sin embargo las que gobiernan, y son tres —me gustan las tríadas, y aquí además es honesto agruparlas así, porque los cuatro instrumentos que uno enumera de memoria (supervisión, dinero, nombramientos y legislación) se reducen a tres en cuanto se advierte que los dos últimos pasan por el mismo sitio, que es el Senado.

La supervisión es la más visible, pero la menos decisiva. Una Cámara demócrata presidiría los comités, tendría presupuesto y personal para investigar y lo que se anuncia es amplio: las finanzas de la familia del presidente, la conducción de la guerra de Irán, los ministerios uno por uno. Pero una citación a un comité es una carta, no una orden, y el gobierno al que se dirige ya ha dado a entender que jugará duro: si no entrega los documentos, la Cámara puede ir a los tribunales, que tardan, o puede declarar el desacato, que un Departamento de Justicia corrompido no va a perseguir, de modo que lo que se obtiene, en el mejor de los casos, son audiencias con testigos bajo juramento, documentos que se filtran y un relato que se construye en público durante dos años. No es poca cosa, políticamente, pero lleva su tiempo.

El dinero es lo que de verdad cambia las reglas. Toda la maquinaria federal funciona con partidas que el Congreso tiene que aprobar, el veto solo se supera con dos tercios, que nadie tiene, y por eso las mayorías aprenden pronto que sus condiciones deben viajar dentro de leyes que el presidente necesita firmar. Los senadores demócratas lo han ensayado ya desde la minoría: en julio la votación para abrir el debate de la ley anual de defensa fracasó por cincuenta a cuarenta y seis, lejos de los sesenta necesarios, porque exigían una discusión sobre la guerra de Irán, y Tim Kaine ha explicado que con mayoría usarían el poder del gasto para forzar una negociación, e incluso reformar la Ley de Poderes de Guerra para que la financiación de operaciones unilaterales se corte a los sesenta días sin autorización del Congreso. Un presidente sin fondos para una guerra es un presidente que negocia, o que veta y se expone a un cierre de gobierno, y los cierres tienen la propiedad —Washington lo ha aprendido otoño tras otoño— de que nadie sabe de antemano quién será el chivo expiatorio.

El Senado, finalmente, es la tercera palanca, la menos espectacular y quizá la más duradera. Sin su consentimiento no hay jueces, ni embajadores, ni secretarios, ni consejeros de la Reserva Federal, y un Senado demócrata podría hacer lo que los republicanos hicieron en 2016, cuando dejaron sin audiencia durante casi un año a Merrick Garland, el candidato de Obama al Tribunal Supremo; la doctrina Garland, como ya se la llama, sirve igual desde los dos lados. Si hubiera una vacante, el presidente tendría que elegir entre dejarla abierta o proponer a alguien que un Senado hostil pudiera aceptar, y conviene recordar que los jueces, que leen los resultados electorales mejor que nadie, suelen jubilarse mientras su partido todavía controla la cámara que los sustituye. La legislación, por su parte, queda muerta en ambas direcciones: la norma exige sesenta votos para casi todo, así que ni el programa de Trump ni el de los demócratas pasarían, y la única ventana real para aprobar algo con este Congreso es la que se abre entre el 4 de noviembre y el 3 de enero (que es cuando realmente queda conformado el nuevo Senado), el llamado pato cojo, un periodo en el que a los propios republicanos, según se cuenta, les cuesta creer que sus grandes ambiciones lleguen a buen puerto.

Pero volvamos a la hipótesis del principio, la de que las órdenes ejecutivas son un seguro, y miremos qué cubre ese seguro cuando se lo lee con las herramientas disponibles delante. Cubre bastante, hay que decirlo, en los territorios donde la presidencia siempre ha tenido mano: la política exterior y las operaciones militares ya autorizadas, la aplicación de la ley de inmigración, el personal de la administración, la gestión diaria de las agencias y los aranceles, en la medida en que los tribunales sigan reconociendo las leyes que los sustentan. Un presidente que no necesita al Congreso para viajar, firmar acuerdos o despedir funcionarios no está inmovilizado y eso explicaría en parte la calma.

Pero el seguro no cubre lo que cuesta dinero que todavía no existe ni lo que tiene que durar más que él. Una guerra que se prolonga, una reforma fiscal, un programa de gasto; todo eso exige partidas y las partidas pasan por una Cámara que ya no es suya. Tampoco cubre lo duradero, porque un presidente que no puede presentarse otra vez gobierna a golpe de decreto para que su sucesor lo derogue de un trazo, como él mismo hizo con los de sus predecesores. Los republicanos que quisieran heredar sus decretos lo saben mejor que nadie. Trump gobernaría, en suma, más solo y con más desgaste: más solo, porque cada decisión lleva su firma sin el amortiguador de una votación compartida. Más desgaste, porque cada orden ejecutiva es una apuesta contra los tribunales, el presupuesto y el tiempo. Y esa soledad, que quizá le guste, es exactamente lo que alguien tendrá que explicar en 2028.

Llego ahora a lo que me parece lo más interesante de todo el asunto: un número creciente de republicanos, aunque ninguno lo diga con estas palabras, empieza a pensar más en 2028 que en el presente. Hay un dato de partida: el apoyo a Trump entre los propios republicanos cayó al 76 por ciento en la última encuesta de Fox, su mínimo, doce puntos por debajo de septiembre de 2025, en un entorno donde su aprobación general ronda el 36 por ciento. Hay otro, de Maine, donde una pluralidad de votantes, el 44 por ciento, dice que su voto para el Congreso es sobre todo un voto contra Trump. Puede que aun no se haya roto nada y en las primarias republicanas se seguirá premiando la lealtad durante un tiempo, pero describen un activo que empieza a comportarse como un pasivo: lo que sirve para ganar una nominación pesa en una elección general y quien tenga que atravesar las dos puertas, la que dice "con él" y la que dice "sin él", descubrirá que detrás se abre el mismo abismo.

Los dos nombres que dominan el campo republicano, casi empatados entre los votantes del partido en una encuesta de julio (39 y 38 por ciento), son el vicepresidente y el secretario de Estado, Vance y Rubio, de modo que no pueden decir que la guerra de Irán o los aranceles ocurrieron en otra parte: su problema es el de quien tiene que tomar distancia de alguien con quien comparte despacho. Los que tienen margen son otros, los gobernadores y senadores sin cargo en la administración y es previsible que más de uno ensaye, con la prudencia de quien pisa hielo, una distancia respetuosa ante el abismo.

Aquí entra la sospecha de que cuando llegue 2028 los republicanos echarán la culpa a un Congreso demócrata que no los dejó gobernar. Es una coartada con ventajas evidentes y con precedentes que invitan a la prudencia. Truman en 1948 y Clinton en 1996 ganaron la reelección con un Congreso hostil que supieron convertir en adversario, lo que prueba que la figura funciona cuando la encarna el propio presidente y cuando el bloqueo parece un abuso del otro bando; en 2008, en cambio, el candidato republicano heredó un Congreso demócrata y un presidente impopular y a McCain la coartada no le sirvió de nada, porque lo que pesaba era la guerra y la economía, es decir, lo que el presidente hace, no lo que el Congreso impide. Esa es la distinción que importa: culpar al Congreso explica la ausencia de leyes, no explica una guerra, una cifra de inflación ni un arancel, y esos son los terrenos donde se deciden las elecciones. Además la coartada es simétrica, porque si los demócratas tienen las dos cámaras serán ellos quienes carguen con los cierres de gobierno y con el bloqueo y en 2028 tendrá que decidir si se ata a la gestión de su propia mayoría o la usa como plataforma contra el presidente.

Dejo para el final una pregunta y la dejo abierta a propósito porque no sé la respuesta: ¿qué pasará con los aliados de Trump en el exterior si éste sufre una derrota amplia en casa? Conviene mirar el calendario antes que la teoría. Brasil vota la segunda vuelta el 25 de octubre, nueve días antes que Estados Unidos, con Flávio Bolsonaro —a quien Trump recibió en la Casa Blanca sin llegar a respaldarlo formalmente— por delante de Lula en la primera vuelta por poco más de dos millones de votos y con las encuestas de la segunda en empate técnico. Israel vota el 27 y Netanyahu, cuya coalición perdía la mayoría en las encuestas de verano, espera un respaldo que, según Axios, Trump se ha negado a darle en público las cuatro veces que se lo preguntaron. Los dos primeros datos llegan, pues, antes de que se abran las urnas americanas, de modo que no podrán ser efecto de la derrota aunque se leerán después como si lo fueran. Y está lo que ya ocurrió, que es Hungría: en abril Orbán perdió ante Tisza, que superó el 53 por ciento, pocos días después de que Vance hiciera campaña con él y Trump, que lo había apoyado, dijo que no se había implicado tanto en esa elección y que el vencedor le parecía una buena persona.

Hay, me parece, tres canales por los que una derrota en noviembre podría llegar a esos aliados, y los separo porque no pesan lo mismo:

  • El contagio simbólico, que es el más difuso y quizá el más real: la derecha nacionalista vende, entre otras cosas, la sensación de una ola inevitable y unas elecciones intermedias perdidas por goleada la desmienten ante su propio público.

  • La económico-material, que es más prosaica y se mide en aranceles, en el precio del diésel y en lo que cuesta una guerra, y aquí los aliados europeos llevan meses pagando facturas que ninguna derrota en Washington cancelaría de golpe.

  • El reposicionamiento, que es lo que Meloni ya hizo: se negó en marzo a que aviones estadounidenses aterrizaran en Sigonella, replicó a Trump cuando atacó al papa León XIV, recibió a cambio un "necesitamos una orden de alejamiento" en las redes y, tres meses después, un "tenemos una gran relación", con ese alternar de insulto y elogio que en cualquier otro contexto se llamaría un método. Si su apuesta fue la de quien se asegura antes de la tormenta, la derrota de noviembre encontrará a Meloni mejor preparada que a Abascal. En todo caso, los comicios italianos son en 2027, después de Francia y los de España. Para entonces el aliado que no haya medido la distancia habrá descubierto que el abismo le alcanza.

No sé cuál de los tres canales pesará más, sospecho que será distinto en cada país. Lo que sí sé es dónde mirar; a quienes en Roma, en París y en Madrid dejen de pronunciar el nombre de Trump.