Para entender lo que está ocurriendo en los medios españoles en 2026, conviene empezar por Francia.
Vincent Bolloré es el magnate bretón que controla Vivendi, uno de los mayores conglomerados mediáticos de Europa. Su historial en el sector tiene un patrón documentado y repetido: adquiere medios con dificultades financieras, sustituye directivos, coloca perfiles afines y modifica la línea editorial. El periodista Patrick Cohen, exestrella de France Inter que abandonó Europe 1 cuando Vivendi tomó el control de la emisora, lo resumió con una frase que se cita habitualmente: "Por donde Bolloré pasa, el periodismo fallece."
El caso más conocido es el de iTélé, cadena informativa de Canal+. En 2016, tras una huelga de 31 días de la redacción, la mayoría de los periodistas dimitió. La cadena fue rebautizada como CNews. Hoy es la plataforma de noticias más vista de Francia y funciona, según la descripción recurrente de Reporteros Sin Fronteras, como la versión francesa de Fox News: inseguridad, inmigración, ataques sistemáticos a la izquierda y proximidad ideológica a la extrema derecha. Eric Zemmour, candidato presidencial de ultraderecha, fue colaborador habitual de CNews antes de presentarse a las elecciones.
El esquema se repitió con Europe 1 y con Le Journal du Dimanche. En este último caso, la redacción protagonizó una huelga de 40 días al conocer que su nuevo director venía de Valeurs Actuelles, publicación de extrema derecha que en 2020 había publicado una ilustración de la diputada Danièle Obono encadenada como esclava del siglo XVIII.
El historial judicial completa el cuadro. En 2021, el Grupo Bolloré reconoció ante la justicia francesa haber sobornado a funcionarios extranjeros para obtener concesiones portuarias en Togo y Guinea: la filial Havas asesoró a precio de saldo las campañas electorales de los presidentes Faure Gnassingbé y Alpha Condé, y a cambio el grupo obtuvo la gestión de los puertos de Lomé y Conakry por décadas. El grupo pagó una multa de 375.000 euros y Bolloré evitó el juicio firmando un acuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, en marzo de 2026 el Parquet National Financier anunció que Bolloré afrontará un nuevo juicio en diciembre de 2026 por los mismos hechos, junto a dos exdirectivos de Vivendi y Havas. Paralelamente, un colectivo de once ONGs africanas ha presentado una demanda colectiva reclamando 5.700 millones de euros en restituciones.
Vivendi en Prisa, el accionista incómodo
Vivendi entró en el capital de Prisa —editora de El País, la Cadena SER y el grupo Santillana— en 2021, de la mano de Joseph Oughourlian, presidente del grupo a través del fondo Amber Capital. Oughourlian controla en torno al 29% de Prisa; Vivendi es el segundo accionista, con aproximadamente el 11,5% del capital.
La presencia de Bolloré en la órbita del principal grupo mediático progresista español generó alarma desde el principio en sectores de la izquierda y en el propio Gobierno. El historial francés hacía temer que el patrón se repitiese: medios en dificultades financieras, accionista con músculo, presión editorial gradual. Prisa arrastra una deuda superior a los 750 millones de euros, con vencimientos significativos en 2026 y 2027, lo que hace al grupo estructuralmente vulnerable a sus acreedores y accionistas.
La línea editorial de El País y la SER ha virado de forma perceptible en los últimos meses, con una cobertura que ha pasado de la proximidad al Gobierno a un sesgo crítico sostenido que resulta difícil de explicar solo como "recuperación de independencia editorial".
La purga: el fin del proyecto "Telepedro"
El conflicto entre Oughourlian y el Gobierno tuvo un detonante concreto: en 2024, Moncloa presionó a Prisa para que lanzase un canal de televisión en abierto con línea editorial afín al Ejecutivo. El proyecto, bautizado informalmente como "Telepedro" en el sector, fue rechazado por Oughourlian.
Las consecuencias fueron inmediatas. En febrero de 2025, Prisa fulminó a los dos ejecutivos que habían impulsado el proyecto internamente: José Miguel Contreras, director de contenidos, y Carlos Núñez, responsable del área audiovisual. La caída de Contreras es especialmente significativa porque no es un técnico anónimo: es el fundador de Globomedia —la productora española que en los años noventa redefinió la ficción televisiva en España— y uno de los artífices del lanzamiento de La Sexta. Su trayectoria le sitúa en la intersección entre el poder mediático y los gobiernos de Zapatero y Sánchez.
Con Contreras y Núñez fuera, Oughourlian consolidó su control operativo sobre el grupo y aceleró la reorientación editorial.
Los rebeldes y el premio de consolación: canal Siete
Los accionistas de Prisa que habían apoyado el proyecto de televisión —liderados por Andrés Varela Entrecanales, Adolfo Utor y Diego Prieto, agrupados en el holding Global Alconaba— se quedaron sin plataforma dentro del grupo. Pero no se quedaron sin canal.
En octubre de 2025, el Gobierno convocó un concurso para adjudicar una nueva licencia de TDT de ámbito estatal, amparado en el nuevo Plan Técnico Nacional que liberó espectro al pasar a la emisión en ultra alta definición. En mayo de 2026, el Consejo de Ministros adjudicó la licencia al consorcio Siete —Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo—, integrado precisamente por Varela Entrecanales, Utor y Prieto, con el asesoramiento estratégico de José Miguel Contreras y la participación del empresario argentino José Luis Manzano (Grupo Telefe), que aporta el 25% del capital, el máximo permitido por ley para un socio no comunitario.
El otro candidato, Mediaset —con siete canales actuales y amplia experiencia sectorial—, quedó descartado. Los criterios del concurso, publicados en el BOE de octubre de 2025, primaban explícitamente "mejorar los niveles de pluralismo" y garantizar una "expresión libre y pluralista de ideas": criterios a medida del perfil de Siete.
El canal deberá estar operativo antes de noviembre de 2026, con tiempo suficiente para estar a pleno rendimiento al inicio del ciclo electoral de las generales de 2027. Con un presupuesto estimado de entre 20 y 25 millones de euros anuales, su programación se centrará en tertulias, debate político y actualidad. El propio Gobierno confirmó la adjudicación en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Ferreras y La Sexta
El sesgo editorial no es exclusivo de El País. En Atresmedia, el comportamiento reciente de Antonio García Ferreras —director de Al Rojo Vivo en La Sexta— ha llamado la atención por la intensidad de su cobertura crítica con el Gobierno.
El historial de Ferreras tiene un capítulo documentado que conviene recordar. En 2016, semanas antes de las elecciones generales, La Sexta difundió una información procedente de OKDiario que acusaba a Pablo Iglesias de recibir 272.000 dólares del Gobierno de Maduro a través de una cuenta en el paraíso fiscal de las Granadinas. La información era falsa y estaba basada en documentación falsificada.
Lo determinante no es solamente el "error", sino lo que revelan los audios filtrados en julio de 2022 por el portal Crónica Libre. En una grabación de una comida celebrada en 2016 con el excomisario José Manuel Villarejo y el entonces directivo de Atresmedia Mauricio Casals, Ferreras reconoce abiertamente sus dudas sobre la veracidad de la información antes de emitirla: "Yo le dije: esto es muy serio, yo voy con ello, pero es demasiado burdo." Villarejo le confirmó en esa misma reunión que los documentos no eran fiables. La Sexta los emitió igualmente.
El Sindicato Nacional de Escritores de Estados Unidos (NWU) publicó una condena formal del episodio, calificándolo de "manipulación informativa y praxis antiprofesional y antidemocrática". Ferreras negó haber actuado a sabiendas.
Conclusión
Lo que está ocurriendo en el ecosistema mediático español en 2026 no es una sucesión de anécdotas inconexas. Es la reconfiguración de un campo de poder.
Prisa —el principal grupo mediático históricamente asociado a la izquierda española— está siendo reorientada editorialmente bajo la influencia de un accionista cuyo historial en otros países sigue un patrón bien documentado. El Gobierno, al perder tracción sobre ese grupo, ha respondido creando una nueva plataforma televisiva bajo control de sus propios afines. Y en Atresmedia, la conducta documentada de Ferreras plantea preguntas sobre los límites de la instrumentalización informativa que siguen sin respuesta institucional.
Lo que está en juego, en última instancia, es quién fabrica el clima de opinión en la antesala de unas elecciones generales.
Informe de análisis mediático. Junio 2026. Fuentes: BOE, The Objective, El Diario, El Español, El Economista, Señal News, Infolibre, France 24, SWI Swissinfo, Billionaires Africa, Crónica Libre, Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), National Writers Union (NWU).