¿Se puede poner freno a la toxicidad de la desinformación que fabrican supuestos medios informativos financiados, en su mayor parte, con fondos públicos distribuidos a dedo? Cada vez hay más voces que responden afirmativamente. Y que subrayan la importancia de de afrontar cuanto antes un problema que afecta a a la médula del sistema democrático.
Este asunto acaba de replantearlo el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), uno de los que cuanta con mayor número de miembros junto a los de Cataluña y Galicia, al hilo del debate abierto por Pedro Sánchez. Su Junta de Gobierno publicó este viernes una carta dirigida al presidente en la que asegura que desde hace meses recibe, de forma directa o indirecta, una especie de "llamada de auxilio" del PSOE y del Ejecutivo “para luchar contra los "pseudomedios" y "pseudoperiodistas" que de forma recurrente "boicotean" las ruedas de prensa del Gobierno o luego tergiversan la información, creando falsas realidades y manipulando a la opinión pública, en pro de una posición ideológica u otra”.
El CPPA aprovecha la misiva para trasladar a Sánchez su “honda y profunda preocupación por la lamentable e indigna situación que atraviesa el periodismo en nuestro país y pedirle expresamente al presidente que no utilice la palabra “periodista” para referirse a quienes difunden informaciones falsas y a los que a menudo se llama "pseudomedios" y "pseudoperiodistas". Pero la carta no se limita a quejarse. Hace propuestas.
Es necesario, sostiene el Colegio de Periodistas de Andalucía, iniciar el proceso para la creación del Consejo General de Colegios de Periodistas porque “sin este instrumento difícilmente podremos revertir la situación y recuperar el periodismo en nuestro país y la garantía que supone para toda la ciudadanía”.
En ese Consejo se darían cita los 11 colegios profesionales que ya existen hay algunos más en en gestación y que cuentan con la condición de corporaciones de derecho público y el respaldo de una ley de creación: Andalucía (da cobertura a Ceuta y Melilla), Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Galicia, País Vasco, La Rioja, Murcia y Navarra.
Son ellos, sostienen, quienes “tienen la competencia y la capacidad para paliar esta situación”. Efectivamente, los colegios de periodistas (de adscripción voluntaria, a diferencia de lo que sucede con los de médicos o de abogados, a pesar de que su tarea es decisiva para la buena salud de la democracia), tienen encomendada por ley la tarea de defender “la observancia de las reglas y código deontológico de la profesión, esto es, el conjunto de normas específicas de la profesión”, y para así dar “un mejor servicio a la ciudadanía en general, en un mayor nivel de exigencia de competencia y de calidad en el desempeño del trabajo por parte de los profesionales”.
“Las falsas noticias”, recuerda el CPPA, “no son noticias, simplemente son mentiras”. Y “no todas las publicaciones digitales son medios periodísticos”. De ahí que en Andalucía, y en otras comunidades, como Galicia o Castilla y León, se haya creado un registro oficial con criterios muy específicos para distinguir medios de pseudomedios que las administración pueden utilizar para negar publicidad y otras formas de financiación a quienes no cumplen las condiciones mínimas.
Un Consejo con capacidad para sancionar
Los códigos deontológicos existen, el problema es que los legisladores no acaban de dar el paso de otorgar al Consejo de Colegios de Periodistas la capacidad de sancionar. “La libertad de expresión no es lo mismo que el derecho a la información, no están reñidos, pero no debemos confundirla”, subraya el colegio andaluz. “El periodismo es un servicio público esencial para la democracia, pero para que esto continúe siendo así, los periodistas necesitamos instrumentos para hacer valer los principios que nos definen y garantizar un derecho que nos pertenece a toda la ciudadania”. El CPPA no está sólo en esa propuesta: el resto de los colegios de periodistas de España llevan años apoyando también la puesta en marcha de ese marco sin que los partidos hayan pasado nunca de las buenas palabras a los hechos.
“Estamos de acuerdo, como hemos manifestado en muchas ocasiones, en la necesidad de mecanismos que contribuyan al cumplimiento de los principios deontológicos en la actividad periodística”, aseguran a infoLibre fuentes de la Junta de Gobierno del Colexio de Xornalistas de Galicia (CPXG). “No toda persona que ejerce la libertad de expresión es periodista ni todo lo que se publica en internet es un medio de comunicación”, asegura José Barrera, el decano de Colegio de Andalucía.
La función de estas entidades, recuerda, no es otra que trabajar para para garantizar “el derecho a la información de la ciudadanía. No tenemos otra misión, y por ello la acción conjunta a nivel estatal y el respaldo de la instituciones a nuestra labor y el reconocimiento como interlocutores del conjunto de la profesión con las administraciones públicas, nos permitirá desarrollar plenamente y a nivel del conjunto del Estado todas nuestras funciones”.
Una de las iniciativas del CPPA se dirige precisamente a este objetivo: la puesta en marcha del Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía, una manera de separar el grano de las paja, lo que son medios y periodistas reales, que cumplen las normas, de los que no lo son. “Es un recurso para la ciudadanía, que pueda reconocer, al visitar un medio digital, que hemos comprobado que reúne una serie de requisitos”. Pero también es útil para las administraciones, que sin él no saben cómo discriminar entre medios y pseudomedios: “Algunas entidades locales están requiriendo la inscripción en el ROMDA para poder optar a contratos públicos o para que el medio pueda acceder y se acredite en determinados eventos.”
El debate abierto replantea, de algún modo, una pregunta delicada: ¿España debería ir más allá y regular el ejercicio de la profesión para que sólo los licenciados y los colegiados puedan ejercerla y se les pueda sancionar si no cumplen las reglas deontológicas? José Barrera cree que sí: “La información es un recurso que nadie hoy puede negar que tiene un valor incalculable, puede derribar gobiernos o encumbrarlos”.
Poner fin a la desregulación del periodismo
Si otras profesiones están reguladas, pregunta, “¿por qué no en la de la información? Somos una profesión de servicio público que responde a uno de los derechos de la ciudadanía reconocidos en el artículo 20 de la Constitución española”, que además tiene reconocido por Naciones Unidas, La Unión Europea y la Unesco un “papel esencial como cimiento de la democracia”, sobre todo ante el riesgo, cada vez mayor, “que supone la manipulación de la información”. Sin embargo, lamenta el decano de los periodistas andaluces, “la ausencia de una regulación clara de la profesión, unida a la proliferación de canales de difusión globales faltos de transparencia y ajenos a los principios de la ética y la deontología que sí rigen el periodismo, lejos de contribuir a mejorar el acceso a la información fomentan la desinformación, la confusión y la polarización de la sociedad”.
Lo hemos visto, recuerda, en algunos procesos electorales de países de nuestro entorno. Y así consta en las propuestas de la sociedad civil incorporadas al documentos Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional elaborado en el marco de los trabajos emprendidos por el Gobierno de España dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021.
En él queda claro que, sin la participación de los periodistas, que sólo puede vehiculizarse a través de organizaciones reconocidas por ley, no será posible afrontar el problema. “Hay que comenzar garantizando la protección y defensa del periodismo ético en contra de la desinformación partiendo de la defensa del periodismo como profesión, garantizando su preparación profesional en el ámbito universitario. Debe partirse del protagonismo de los periodistas y medios de comunicación como principales emisores de la información pública, que además del cumplimiento de sus obligaciones jurídicas deben cumplir con principios éticos que se garanticen por Códigos de buenas prácticas y autorregulación”, señala el citado informe.
La creación del Consejo de Colegios de España debe ser, en opinión de Barrera, “el primer paso para, por ejemplo, garantizar que en todos los estudios de periodismo impartidos por las Facultades de comunicación de este país la asignatura de ética y deontología sea un contenido básico y obligatorio. Nuestros colegiados firman un compromiso de cumplimiento del código deontológico y su incumplimiento puede suponer la expulsión de la corporación”.
Nuevas normas
Una parte del sector ha puesto sus esperanzas en la aplicación de la European Media Freedom Act (EMFA) recientemente aprobada en la UE para, entre otras cosas, dar transparencia a la propiedad de los medios, avanzar en la definición de lo que es un medio y lo que no lo es y regular la distribución de dinero público, en particular la publicidad y otras formas opacas de financiación indirecta de los medios. Pero el decano de los periodistas andaluces es, al respecto, relativamente escéptico: “Algunas de estas cuestiones ya están recogidas en leyes sectoriales, como la Ley General Audiovisual, y sin embargo son pocos los medios audiovisuales transparentes. Las leyes que regulan la publicidad institucional son muy claras, pero no existen realmente instrumentos de control”.
El debate, en cualquier caso, ya está abierto. Más Madrid acaba de proponer una ley para regular la publicidad institucional que reparte discrecionalmente el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a los medios de comunicación para que su concesión esté directamente vinculada al cumplimiento de unos ciertos estándares profesionales y poder así negársela “a los que de forma reiterada publiquen noticias sin contrastar y sin verificar”. Y ya hay voces que reclaman la prohibición de entregar fondos públicos a medios que hayan sido condenados por mentir.
La conciencia del problema se extiende.
Este viernes un manifiesto alcanzó en pocos horas miles de de firmas ciudadanos y de cientos de periodistas, entre ellos algunos de los más prestigiosos del país, como Miguel Mora, Pilar del Río, Rosa María Artal, Maruja Torres, Xosé Manuel Pereiro, Javier Valenzuela, Silvia Intxaurrondo, Manuel Rivas, Cristina Fallarás Sánchez o el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña.
"La campaña de bulos, falsedades y acoso contra los miembros de los dos últimos gobiernos de coalición y otras fuerzas progresistas e independentistas atenta contra las bases mismas de la democracia parlamentaria". Centenares de periodistas han firmado ya un manifiesto para animar a la sociedad civil a movilizarse en las redes sociales y en las calles contra "este atropello antidemocrático" de la derecha y la ultraderecha tras la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su decisión de suspender su agenda hasta este próximo lunes y plantearse su continuidad."
